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Doña Jacinta, presa de conciencia

México ya ocupa más espacio en la lista negra de Amnistía Internacional (AI). Desde ayer, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí condenada a 21 años de cárcel por secuestrar a seis agentes de la policía federal, es considerada por la organización defensora de derechos humanos como una "prisionera de conciencia".

AI, con sede en Londres, avisó a sus más de dos millones de socios en el planeta para que apunten en su agenda que tienen que luchar también por la liberación de esta abuela indígena, madre de seis hijos y con igual número de nietos, que no contó, ni cuenta, con un debido proceso judicial, de lo que han dado fe distintos organismos.

 

La acusación misma siembra la duda. En marzo de 2006, vestidos de civil, seis policías intentaron lo que se suponía era un decomiso de mercancía pirata en un mercado del poblado queretano de Santiago Mexquititlán (a dos horas de la capital por carretera). Los comerciantes reclamaron los costes de los productos. Rodeados, los policías acordaron pagarlos. Uno de ellos se quedó mientras otros iban a por dinero. Resuelto el trámite todos se retiraron. Tres meses después, Jacinta, que vendía aguas de sabores en ese mercado, fue llevada engañada a la cárcel, el 3 de agosto de 2006, obligada a firmar una declaración que ni hizo ni entendió ?su lengua materna es el otomí y no domina hoy el castellano, mucho menos hace tres años? y meses después fue condenada a 21 años de prisión por el "secuestro" de los seis agentes. El juez que la condenó, y que después de que Jacinta ganara una apelación la va a volver a procesar, nunca le otorgó el derecho legal de contar con un intérprete durante todo el proceso. Bueno, quizá eso es mucho decir. Antes de decretar 21 años de pena, el juez Rodolfo Pedraza nunca la vio: la condenó sin mirarle a la cara, sin conocerla, sin escucharla. La condenó con el legajo que sus asistentes le pasaron.


"Nos dimos cuenta de que su situación de vulnerabilidad, el hecho de ser mujer indígena y de vivir en una situación desfavorable económicamente, la hacía un objetivo fácil para un sistema de justicia que trata a unos como ciudadanos de primera y a otros como de segunda. Se suponía que nadie la iba a defender. Es posible que podamos acabar con esta pesadilla para Jacinta pronto", explica a EL PAÍS Antonio Tessada, representante en México de AI.


"El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas", expresa Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México en la página de Internet del organismo. "Lo que le ha ocurrido demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social", concluye Knox.


AI ha conseguido liberar, desde los años sesenta, a 40.000 presos de conciencia. "No dejaremos el caso hasta que sea liberada. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero cada vez seremos más y más contundentes. Éste es el banderazo inicial. A partir de este momento todos los activistas de Amnistía Internacional alrededor del mundo estarán echando a andar su creatividad, su entrega, como siempre lo han hecho, para lograr ahora la liberación de Jacinta", dijo Tessada.


En México, dos preguntas rodean el caso de doña Jacinta. La primera es qué falta para que la Procuraduría General de la República (PGR), que es la querellante, se rinda ante la evidencia y desista de inculpar a la indígena y a dos mujeres que junto con ella fueron procesadas. Esa evidencia la han aportado no sólo los medios masivos de comunicación, sino organismos gubernamentales, como el Instituto Nacional de las Mujeres, o del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer, EL PAÍS pidió a la PGR una posición sobre el nuevo estatus de preso de conciencia de Jacinta. Contestó la fiscalía que necesitan dos días más para elaborar una respuesta. La segunda pregunta es cuántas personas más como Jacinta estarán hoy injustamente presas en México.

 

Salvador Camarena

 


 


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